Por Bautista Müller Williman

En las últimas horas ha empezado a resonar la idea de la aparente privatización del servicio de recolección de basura en lo que es la ciudad de Concordia. Inicialmente, quisiera comunicar mi total apoyo para con la medida, dado mi carácter liberal y, sobre todo, por lo que representa la misma, más allá de sus efectos, los cuales serán detallados también en este artículo. Quiero recalcar, a su vez, que si bien el material daría para un artículo sumamente extenso, quisiera evitar una serie de formalidades y detalles, los cuales considero simplemente ayudarían a ralentizar la explicación y la llegada de la misma a quienes no estén interesados en tales tecnicismos.

De entrada, deberíamos detallar qué es lo que nos plantea la ordenanza aprobada el día 19 de marzo del corriente año 2026. Pues los puntos esenciales que podemos enumerar son, por un lado, la declaración de emergencia ambiental en el municipio, en conjunto con la asignación de determinadas capacidades al Poder Ejecutivo para poder afrontar la misma. No obstante, a diferencia de lo que se suele hacer en muchos casos, se aplican una larga serie de normas y regulaciones, las cuales impiden que en el marco de tal declaración se puedan llegar a fomentar abusos, dado el establecimiento de la norma.

Como primer punto, se establece un límite de 400 millones de pesos en la compra de maquinarias o insumos para llevar a cabo las políticas deseadas; en simultáneo, a esto también se agrega la creación de una comisión trimestral integrada por dos concejales oficialistas, un opositor y un miembro del Poder Ejecutivo municipal, los cuales, trimestralmente, deberán elevar información sobre los avances y efectos de las políticas llevadas a cabo al Concejo Deliberante, que las deberá evaluar.

Esto ya nos demuestra de por sí un claro interés por afrontar la problemática y no aprovecharse de la misma, por lo menos en el papel. Pero es que, además, nos damos cuenta de una cláusula la cual deja entrever las intenciones del oficialismo, pues la ordenanza, en su artículo número 5, certifica una autorización al Poder Ejecutivo para poder concesionar determinadas zonas del servicio de recolección a manos privadas.

Lo primero que debemos entender es que esto está muy lejos del ideal liberal, libertario o capitalista, pues no se habla de una privatización completa, sino de una simple concesión a manos de privados. No obstante, considerar esto inútil o irrelevante ciertamente resultaría un acto de ineptitud muy grande. Pues lo primero que se debe entender es que actos como privatizar un servicio tan vital como la recolección de residuos resultan complejos por la adaptación que se debe hacer, teniendo una larga serie de cuestiones por un lado y, por el otro, dada la sociedad en la situación en la cual se encuentra actualmente, con altos índices de pobreza, desempleo o falta de capacitación para afrontar un evento de tal magnitud.

Entendiendo esto, nos damos cuenta de que sería mucho más simple, además, y le dotaría de mucho más poder al Ejecutivo, una medida tal como atribuirle mayor responsabilidad, control o poder sobre lo que es este sector de la economía; y, a pesar de esto, se opta por la concesión, la cual tendería a abaratar los costos, al mismo tiempo de aumentar la eficacia, eficiencia y planificación del mismo.

Estas concesiones, a su vez, debemos entender, pueden llegar a cumplir el efecto contrario de no contar con una regulación adecuada. Pues podemos ver casos similares, como lo fue la vialidad argentina durante la primera etapa de los gobiernos kirchneristas, entre el primer mandato de Néstor Kirchner y el segundo de su esposa, donde las concesiones se utilizaron para fines corruptos.

Es aquí donde las regulaciones estipuladas por la ordenanza ganan un papel aún más fundamental, pues ayudan a solucionar este problema, facilitando el descubrimiento de determinadas fuentes de corrupción y, a partir de esto, modificar las normativas existentes.

Sin embargo, para mí, quizás lo más importante —el motivo del título de este artículo— no son todas las características antes mencionadas; muy por el contrario, lo que celebro, como liberal que soy, es el avance hacia un esquema más cercano al del trabajo privado de este servicio. Algo que facilitará y ayudará a las reformas que se han mencionado como necesarias, demostrando un avance muy grande, el cual podría continuar inclusive en lo que resta de este mandato y, esperemos, en una continuidad del mismo.

La concesión privada de la recolección de basura no es simplemente una medida: es una declaración de intereses. Es una demostración del compromiso del gobierno oficialista de destruir las bases previamente establecidas en la ciudad, restar poder al Estado municipal y avanzar progresivamente hacia la libertad de los individuos.

Sobra decir que todo esto traerá gritos de opositores, los cuales se quejarán de intentos de corrupción, pérdidas de puestos de trabajo y multitud de otros alaridos, los cuales el lector podrá imaginarse mucho mejor que yo. Sin embargo, volver hacia atrás no es, ni nunca será una alternativa para este gobierno. Pues, si bien los cuestionamientos son molestos, debemos entender de quién vienen, pues no son provenientes de aquellos que buscan una sociedad que progrese y una ciudad próspera, sino todo lo contrario. Vienen de la encarnación de la decadencia de nuestro municipio, aquel sector que nos llevó a convertirnos en la ciudad más pobre del país y que se mantuvo en la poltrona desde el final del Proceso de Reorganización Nacional.

Bajo esta medida, el gobierno marca su posición nuevamente y demuestra que el futuro de Concordia está cada vez más cerca de ser liberal.