Por Mäuss

La apertura del período de sesiones ordinarias 2026 del Concejo Deliberante de Concordia no fue un acto protocolar más. Fue una escena de quiebre político. En el Centro de Convenciones, el intendente Francisco Azcué trazó con nitidez la frontera entre dos modelos de ciudad: el que, según su diagnóstico, dejó a Concordia atrapada en el estancamiento estructural y la dependencia política, y el que propone orden fiscal, inversión estratégica y modernización del Estado como condiciones básicas para el desarrollo.

La noche del 3 de marzo no estuvo cargada de retórica vacía. Fue un discurso largo, técnico, con cifras, con definiciones y con una carga política directa. Azcué no eligió la tibieza. Dijo que recibió un municipio sobredimensionado, con un gasto corriente asfixiante, con una deuda millonaria y con decisiones administrativas que comprometieron las finanzas más allá de cualquier prudencia. Habló de casi 900 incorporaciones en 2023 y más de 200 pases a planta permanente en el tramo final de la gestión anterior. No lo presentó como un dato aislado sino como parte de una lógica: colonizar el Estado antes de dejar el poder.

Ahí estuvo la pólvora. No hubo eufemismos. Señaló que ese modelo de administración convirtió al municipio en una maquinaria electoral sostenida con recursos públicos. Denunció una cultura política que, en lugar de promover mérito y eficiencia, expandió estructuras para sostener lealtades. Apuntó contra lo que definió como una herencia de improvisación, desorden y déficit estructural que hoy obliga a tomar decisiones difíciles.

La reacción no tardó. Desde el peronismo local rechazaron el tono, cuestionaron los números y hablaron de exageraciones. Pero el intendente insistió en que transparentar el punto de partida no es un capricho discursivo sino una obligación institucional. Para ordenar primero hay que reconocer el desorden.

En esa línea, el eje vertebral del discurso fue el equilibrio fiscal. Azcué afirmó que gobernar sin déficit no es una bandera ideológica sino una regla básica de responsabilidad. En un país donde el gasto descontrolado se volvió norma y el endeudamiento permanente se naturalizó, sostener el superávit como meta estructural es una declaración de principios. La gestión informó que el ejercicio 2025 cerró con equilibrio y que ese resultado permitió proyectar una inversión histórica con fondos genuinos.

Aquí aparece uno de los anuncios más fuertes: el Plan de Infraestructura y Desarrollo rumbo al Bicentenario, con una inversión superior a los 20.000 millones de pesos, equivalente a cerca del 20 por ciento del presupuesto municipal. Pavimentación, saneamiento, obras hídricas, recuperación de espacios públicos y conectividad urbana forman parte de un programa que busca transformar la fisonomía de Concordia y no apenas maquillarla.

Pero más allá del número, lo significativo es el origen de los recursos. Azcué subrayó que no se trata de anuncios financiados con deuda irresponsable ni con partidas discrecionales, sino con ahorro y reasignación. Es la lógica inversa a la que, según su crítica, predominó en años anteriores: primero ordenar, luego invertir.

Entre las decisiones estructurales se anunció la adquisición de una planta asfáltica municipal propia. No es un detalle técnico menor. Implica reducir costos de pavimentación, ganar autonomía operativa y dejar de depender de contrataciones externas que muchas veces terminan inflando presupuestos. Lo mismo ocurre con la creación de una fábrica municipal de adoquines, que permitirá intervenir decenas de cuadras por año con recursos propios.

En el plano institucional, el intendente confirmó la disolución definitiva del INVyTAM, un organismo que, según la evaluación oficial, se había transformado en un símbolo de burocracia ineficiente y discrecionalidad política. La medida fue presentada como parte de una reforma más amplia orientada a eliminar estructuras innecesarias y concentrar funciones bajo criterios de resultado. La oposición la calificó de ajuste ideológico. El oficialismo la defendió como racionalización imprescindible.

Otro anuncio con fuerte impacto político fue el envío del proyecto de ordenanza para eliminar definitivamente la tracción a sangre en todo el ejido urbano. La gestión ya había avanzado con adopción de equinos y programas de reconversión laboral. Ahora propone cerrar definitivamente esa etapa. La decisión tiene un componente social complejo, pero también simbólico: la ciudad que se proyecta hacia el bicentenario no puede sostener prácticas asociadas a marginalidad estructural y maltrato animal.

En seguridad, se destacó la consolidación del Centro de Monitoreo Municipal, la instalación de lectores de patentes en los accesos y la ampliación del sistema de cámaras. También se mencionaron intervenciones para recuperar terrenos públicos y frenar usurpaciones. El mensaje fue claro: el espacio público no puede ser tierra de nadie y la propiedad privada debe ser respetada.

La modernización administrativa ocupó otro tramo importante. Digitalización de trámites, actualización de normativas vigentes desde la década del setenta, implementación de sistemas de compras más transparentes y adopción de metodologías de presupuesto por programas. La gestión plantea que sin datos y sin planificación el Estado se convierte en un laberinto opaco. La meta es un municipio ágil, con menos discrecionalidad y más trazabilidad.

En el plano tributario, la nueva ordenanza redujo alícuotas y simplificó esquemas que, según el diagnóstico oficial, castigaban a comercios e industrias. La premisa es directa: no se puede exigir generación de empleo mientras se asfixia con presión fiscal y trámites interminables. La apuesta es ampliar la base productiva y atraer inversión genuina.

El discurso también incluyó políticas sociales. Se ratificó el boleto estudiantil gratuito, descuentos para usuarios frecuentes del transporte urbano y la ampliación de horarios en centros de salud. Desde la óptica de la gestión, la política social debe enfocarse en generar herramientas de autonomía, no dependencia perpetua. La diferencia con el modelo anterior, según la narrativa oficial, radica en que el objetivo no es administrar pobreza sino reducirla estructuralmente.

Aquí vuelve la crítica al peronismo. Azcué habló de una ciudad que durante años encabezó índices de pobreza e indigencia a nivel nacional. Señaló que no es casualidad sino consecuencia de un modelo que priorizó la expansión del aparato político por sobre la generación de riqueza. Apuntó contra lo que definió como pobrismo estructural, una lógica que convierte la asistencia en mecanismo de control y no en puente hacia la movilidad social.

La oposición replicó que la pobreza es un fenómeno multicausal, ligado a crisis nacionales y provinciales. Sin embargo, el intendente sostuvo que la gestión local no puede excusarse permanentemente en factores externos. Hay margen para ordenar, planificar y administrar mejor.

La escena política también tuvo su tensión. Concejales opositores cuestionaron la viabilidad financiera del plan de obras, denunciaron un ajuste excesivo y señalaron conflictos internos. El oficialismo respondió que la resistencia es previsible cuando se tocan privilegios y se alteran inercias.

Más allá del intercambio, lo que quedó expuesto es una disputa de fondo. Entre quienes consideran que el Estado debe expandirse aun sin recursos suficientes y quienes creen que el equilibrio fiscal es condición para cualquier política pública sostenible. Entre quienes defienden estructuras heredadas y quienes proponen su revisión integral.

La apertura de sesiones 2026 fue, en definitiva, la explicitación de esa tensión. Azcué eligió asumir el costo político de un discurso frontal. No habló de consensos abstractos sino de decisiones concretas. No prometió milagros inmediatos sino procesos sostenidos.

Concordia enfrenta desafíos estructurales profundos: vulnerabilidad social persistente, necesidad de dinamizar su matriz productiva, urgencia de recuperar confianza institucional. El oficialismo sostiene que la única forma de revertir décadas de estancamiento es romper con prácticas que naturalizaron déficit, clientelismo y dependencia.

El tiempo dirá si la apuesta resulta exitosa. Pero algo quedó claro en esa noche: el rumbo está definido. Orden fiscal como base, inversión estratégica como motor, reforma del Estado como condición y confrontación directa con el modelo anterior como punto de partida. No es un camino cómodo. Es un camino de choque con inercias históricas.

Y en una ciudad acostumbrada a convivir con la resignación, esa decisión política ya constituye un hecho disruptivo.