Por Mäuss

Hay vidas que, leídas con atención, funcionan como un juicio silencioso sobre su tiempo y sobre el nuestro. La de Elpidio González es una de ellas. Vicepresidente de la Nación entre 1922 y 1928, compañero de fórmula de Marcelo T. de Alvear, hombre central de la Unión Cívica Radical en su etapa histórica, ministro, jefe de Policía, legislador, dirigente de peso en la vida institucional argentina, terminó sus días en la pobreza más cruda, vendiendo anilinas y betunes para zapatos para poder comer. Y cuando el Estado decidió crear una jubilación de privilegio para asistirlo, la rechazó.

No se trata de una anécdota pintoresca ni de una postal nostálgica de otro país. Se trata de un dato histórico que interpela la médula misma de nuestra cultura política. González nació en 1875 en Rosario, hijo de un coronel del Ejército. Se formó como abogado, abrazó la causa radical y participó en las luchas cívicas de su tiempo con una convicción que no era declamativa sino práctica. Ocupó cargos relevantes en momentos de enorme tensión institucional. Conoció el poder real. No fue un actor secundario. Fue protagonista.

Sin embargo, tras el golpe de 1930 que desplazó al gobierno constitucional y reconfiguró el mapa político argentino, su situación económica se derrumbó. No había acumulado fortuna. No había construido redes empresariales a la sombra del Estado. No había usado su paso por la función pública para asegurarse una renta vitalicia privada. La política, para él, no había sido un negocio. Había sido un servicio.

Su casa fue ejecutada por deudas. Perdió su vivienda en Palermo. Se mudó a una pensión modesta sobre la Avenida de Mayo, la misma que había habitado en su juventud. Vivía en una habitación sencilla, sin comodidades, con muebles austeros, sin secretarios ni asistentes. Caminaba por el centro porteño con su traje oscuro gastado, su barba blanca, su figura ya encorvada por los años. Quienes lo reconocían se sorprendían al verlo cargar cajas de anilinas y frascos de betún. Trabajaba para una empresa llamada Anilinas Colibrí gracias a la ayuda de un amigo que le ofreció empleo. Recorrió comercios, golpeó puertas, viajó en tranvía. Discutía con los cobradores cuando no tenía el dinero exacto para el boleto. A veces debía fiar su comida. No había escándalo. No había victimización. Había dignidad.

En 1938 el Congreso sancionó una ley que establecía pensiones vitalicias para expresidentes y exvicepresidentes. La iniciativa había surgido precisamente al conocerse la situación de González. El país que lo había tenido en la cúspide institucional no podía tolerar que uno de sus ex mandatarios sobreviviera vendiendo productos puerta a puerta. Se creó entonces la jubilación de privilegio. La lógica parecía humanitaria. El gesto parecía justo.

González la rechazó.

Envió una carta formal al presidente en ejercicio para dejar constancia de su negativa. Consideraba inmoral cobrar del Estado un beneficio que no estaba al alcance de todos los ciudadanos. Mientras tuviera fuerzas para trabajar, dijo en esencia, no aceptaría lo que entendía como un privilegio. No quería ser una excepción. No quería que su nombre justificara un régimen especial. Prefería sostenerse con su propio esfuerzo antes que convertirse en beneficiario de una renta estatal por el solo hecho de haber ocupado un cargo.

Ese gesto condensa una ética que hoy resulta casi incomprensible. No fue una jugada de marketing. No había redes sociales. No había consultores de imagen. No había encuestas que capitalizar. Fue una decisión íntima, coherente con toda una vida. González entendía que la función pública es una carga honorable, no una plataforma de enriquecimiento. El poder no le otorgaba derechos extraordinarios. Le imponía obligaciones mayores.

Murió en 1951, tras una internación en el Hospital Italiano. No dejó propiedades, ni cuentas abultadas, ni herencias disputadas. Pidió ser enterrado con modestia. Su patrimonio material era escaso. Su patrimonio moral, inmenso.

Contrastemos esa biografía con el presente. Hoy la política argentina se ha profesionalizado en el peor sentido del término. Se ha convertido en un sistema cerrado donde los cargos se rotan, los privilegios se blindan y las jubilaciones especiales se defienden como conquistas irrenunciables. La llamada casta ha naturalizado un modo de vida distante del ciudadano común. Autos oficiales, asesores en cantidades industriales, viáticos generosos, fueros protectores, pensiones diferenciales. Mientras tanto, el contribuyente soporta una presión fiscal asfixiante y servicios públicos deteriorados.

La brecha no es solo económica. Es moral. El ciudadano percibe que la dirigencia vive bajo reglas distintas. Que el Estado no es una herramienta limitada al servicio de la libertad sino un aparato que garantiza comodidad a quienes lo administran. Esa percepción erosiona la legitimidad de la democracia representativa y alimenta la indignación.

La tradición liberal clásica siempre advirtió sobre este riesgo. Un Estado grande no solo concentra poder. Genera incentivos perversos. Atrae a quienes buscan beneficios antes que responsabilidades. Si el ejercicio del cargo implica acceso a privilegios permanentes, la política deja de ser servicio y se convierte en carrera rentable. El ejemplo de Elpidio González demuestra que es posible otro camino. Un camino de sobriedad, de coherencia, de disciplina interior. Una concepción casi ascética del deber público, donde la conciencia pesa más que la conveniencia.

En los últimos años, la figura de Javier Milei irrumpió en ese escenario con un discurso frontal contra la casta política. Más allá de las controversias que despierta, hay un dato que resulta ineludible. No construyó su imagen sobre la ostentación. Vive sin el boato tradicional del poder. Se lo critica por su estilo personal, por convivir con sus perros, por no encajar en la liturgia clásica del dirigente que exhibe símbolos de estatus. Esa crítica, en el fondo, revela una tensión cultural. ¿Esperamos que el poder se exprese en lujo o en sobriedad?

Nombrar a González en este contexto no es hacer arqueología sentimental. Es recuperar un estándar. Es recordar que hubo un vicepresidente argentino que prefirió la pobreza digna antes que un privilegio legalmente otorgado. Que eligió trabajar vendiendo anilinas antes que cobrar una pensión especial. Que entendió que el honor no se negocia ni se terceriza.

La Argentina atraviesa una crisis profunda de confianza. Para reconstruirla no alcanzan reformas técnicas ni ajustes contables. Se necesita un cambio cultural que reinstale la idea de que la política es un servicio transitorio, no una renta permanente. Que el poder no eleva por encima de la ley sino que obliga a un compromiso mayor con ella. Que la austeridad no es demagogia sino respeto por el esfuerzo ajeno.

Elpidio González no dejó una fortuna. Dejó una vara. Y esa vara mide, con una precisión incómoda, la distancia entre la república que soñamos y la casta que padecemos. Si la Argentina quiere reencontrarse con una tradición liberal auténtica, deberá volver a exigir de sus dirigentes lo que González se exigió a sí mismo. Coherencia. Austeridad. Ética. Sin privilegios. Sin excusas. Sin adornos.