Por Mäuss

La discusión política de nuestro tiempo no es meramente electoral ni administrativa. Es, ante todo, una batalla cultural. Una disputa profunda entre dos concepciones de la sociedad. De un lado, la lógica del control, del Estado omnipresente, del burócrata que decide por millones. Del otro, la tradición liberal libertaria que pone al individuo libre en el centro de la vida social, económica y moral. Esta batalla no se libra solo en el Congreso o en las urnas. Se libra en el lenguaje, en la educación, en los valores y en la forma en que entendemos la prosperidad, la pobreza y la responsabilidad personal.

La prosperidad no es un regalo ni una concesión del poder político. Es el resultado directo de la asociación libre entre personas que cooperan voluntariamente. Ludwig von Mises lo expresó con una claridad que sigue siendo incómoda para el estatismo moderno cuando afirmó que la sociedad es el resultado de la acción humana, pero no del diseño humano. Allí reside una verdad esencial. El orden económico no necesita ser impuesto. Emerge cuando se respetan la libertad y la propiedad. Allí donde los individuos pueden intercambiar sin coerción, la riqueza aparece como consecuencia natural. A mayor libertad, mayor prosperidad. No es una consigna ideológica. Es una regularidad histórica.

Friedrich Hayek profundizó esta idea al advertir que ningún planificador puede reemplazar el conocimiento disperso de millones de personas. El conocimiento de las circunstancias particulares de tiempo y lugar nunca existe en forma concentrada, escribió, desarmando de raíz la pretensión del burócrata omnisciente. Cada empresario, cada trabajador, cada comerciante sabe mejor que cualquier funcionario qué producir, cómo hacerlo y para quién. Cuando el Estado se arroga ese rol, no ordena la economía. La paraliza. La distorsiona. La empobrece.

Pretender que el Estado le diga al sector privado cómo o qué producir es desconocer no solo la economía, sino también la naturaleza humana. Murray Rothbard fue tajante al definir al Estado como la organización de la coerción sistemática. Cuando se reemplazan decisiones voluntarias por órdenes políticas, se sustituye la cooperación por la imposición. El resultado siempre es el mismo. Menos inversión, menos empleo, menos innovación y menos oportunidades reales para quienes quieren progresar mediante su trabajo.

Un Estado verdaderamente legítimo no es el que interviene en todo, sino el que se limita a sus funciones esenciales. Garantizar la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos. Juan Bautista Alberdi lo entendió con una claridad que hoy resulta incómoda para muchos cuando sostuvo que la misión del gobierno es dejar hacer, dejar pasar. El Estado no está para dirigir proyectos de vida, sino para protegerlos. Cada vez que se aleja de ese rol, deja de ser garante del orden y se convierte en un obstáculo para el desarrollo.

El asistencialismo, tan defendido en nombre de una supuesta sensibilidad social, no ataca el problema estructural de la pobreza. Lo administra. Lo cronifica. Lo transforma en dependencia permanente. Milton Friedman advirtió que nada es tan permanente como un programa temporal del gobierno. Cuando la ayuda deja de ser excepcional y se convierte en sistema, destruye los incentivos al trabajo, a la educación y al esfuerzo personal. La pobreza no se combate repartiendo recursos que no se producen. Se combate creando riqueza de manera sostenida, y eso solo es posible en un marco de capitalismo de libre mercado, reglas claras y respeto por la propiedad privada.

Jesús Huerta de Soto ha insistido en que el capitalismo no es un sistema de explotación, sino el mayor mecanismo de cooperación social jamás conocido. La educación, el ahorro, la inversión y el emprendimiento son las verdaderas herramientas de movilidad social. No existen atajos ni soluciones mágicas. Toda sociedad que intenta vivir del reparto forzado termina empobreciéndose, no solo en términos materiales, sino también morales.

La defensa del mérito y de la competencia no es solo una cuestión económica. Es una cuestión antropológica. El ser humano no es homogéneo ni intercambiable. Es un individuo irrepetible, con talentos distintos, capacidades desiguales y niveles diversos de esfuerzo. Negar esta realidad en nombre de una igualdad artificial es negar la naturaleza humana. Mises advertía que la cooperación social solo es posible cuando se respetan las diferencias individuales y se permite que cada persona encuentre su lugar mediante el intercambio voluntario.

La competencia no degrada al ser humano. Lo eleva. Obliga a mejorar, a superarse, a innovar. Allí donde la competencia es suprimida, no aparece la armonía prometida por el discurso igualitarista, sino la mediocridad, el resentimiento y la apatía social. Desde una perspectiva antropológica profunda, el mérito cumple una función civilizatoria. Ordena jerarquías de manera dinámica y abierta, no por privilegio político ni por imposición estatal, sino por valor generado.

Huerta de Soto define al mercado como un proceso de descubrimiento. En ese proceso, las personas aprenden, se equivocan, corrigen y desarrollan virtudes como la responsabilidad, la previsión y la disciplina. El estatismo, en cambio, infantiliza. Sustituye la responsabilidad personal por la tutela permanente. Murray Rothbard fue claro al señalar que no existe igualdad impuesta sin violencia previa. Cuando el Estado castiga el mérito para forzar resultados iguales, no protege a los más débiles. Destruye los incentivos que permiten que los débiles se fortalezcan.

Alberto Benegas Lynch hijo lo sintetizó con precisión al afirmar que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Ese respeto implica aceptar que los resultados serán distintos, porque las decisiones, los talentos y los esfuerzos también lo son. Quitarle valor al mérito es quitarle sentido a la acción humana. Es convertir al individuo en un sujeto pasivo, dependiente y sin horizonte de superación.

La batalla cultural no admite neutralidades cómodas. O se está del lado de la libertad o se está del lado del control. O se defiende al individuo responsable o se legitima al Estado tutor que decide por todos. No hay síntesis posible entre la asociación libre y la coerción permanente. La Argentina no fracasó por exceso de mercado, sino por décadas de desprecio a la libertad, al mérito y a la responsabilidad individual.

Cada intento de igualar por decreto profundizó la decadencia. Cada avance del Estado sobre la vida de las personas debilitó el tejido moral de la sociedad. No es casualidad. Es causalidad histórica. Como advirtió Mises, quien no esté dispuesto a defender la libertad no merece vivir en una sociedad libre.

Hoy, defender las ideas de la libertad es un acto contracultural. Implica incomodar. Implica decir lo que durante años se evitó decir. Que la pobreza no es una virtud. Que el mérito no es un pecado. Que la competencia no es crueldad. Y que la libertad no se negocia. Porque sin libertad no hay prosperidad. Sin mérito no hay excelencia. Y sin individuos libres, no hay nación posible.