La Justicia de Concordia tomó una decisión firme frente a una situación de hostigamiento que involucra a una representante institucional. Este viernes por la mañana, y a partir de la denuncia presentada por la concejal Silvina Ovelar, el Juzgado de Feria resolvió imponer una serie de medidas preventivas contra el trabajador municipal Walter Siarra.

La causa quedó a cargo del Juzgado de Feria, conducido por el doctor Julio César Marcogiuseppe, quien dispuso de manera inmediata restricciones claras mientras se avanza hacia una resolución definitiva. Entre las medidas adoptadas se estableció la prohibición absoluta de realizar cualquier tipo de acto molesto, perturbador o intimidatorio contra la edil, ya sea de forma personal o a través de medios digitales.

La restricción alcanza mensajes de texto, redes sociales, correo electrónico y cualquier otro canal de comunicación, lo que marca una señal contundente frente al uso de plataformas virtuales para ejercer presión, intimidación o acoso, una práctica cada vez más frecuente y que requiere respuestas claras del sistema judicial.

Además, la Justicia ordenó la prohibición de acercamiento del denunciado hacia la concejal Ovelar y a familiares, con el objetivo de resguardar su integridad personal y garantizar un marco de tranquilidad mientras se sustancia la causa. La medida busca evitar cualquier tipo de contacto directo o indirecto que pueda agravar la situación denunciada.

En este contexto, Walter Siarra deberá presentarse a comparecer ante los Tribunales de Concordia el próximo lunes por la mañana, instancia en la que se evaluará su situación procesal y se analizarán los pasos a seguir dentro del expediente.

El fallo representa un mensaje claro en defensa del respeto institucional y de los límites que deben regir la convivencia democrática. El hostigamiento, la intimidación y la violencia simbólica no pueden naturalizarse, mucho menos cuando están dirigidas a quienes ejercen funciones públicas elegidas por el voto popular.

La intervención judicial reafirma la necesidad de un Estado que haga cumplir la ley, proteja a las personas y actúe con decisión frente a conductas que erosionan el orden, la convivencia y el normal funcionamiento de las instituciones. En una democracia sana, las diferencias políticas no habilitan el agravio, la persecución ni el amedrentamiento personal.