Por Federico Zorraquín

Contratos políticos, mentiras sindicales y una gestión que se anima a hacer lo que otros no hicieron

La decisión de la gestión del intendente de Concordia Francisco Azcué de no renovar más de 130 contratos administrativos continúa generando ruido, operaciones y reacciones cargadas de cinismo político. No es casual. Cada vez que un gobierno decide ordenar el Estado y cortar privilegios, aparecen los defensores del statu quo, los mismos que durante años callaron frente al uso del municipio como agencia de colocaciones militantes.

Frente a ese escenario, el concejal de Juntos Felipe Sastre puso blanco sobre negro y desarmó el relato construido por sectores sindicales y políticos que buscan victimizar una situación que no es otra cosa que el fin de contratos vencidos.

En declaraciones al medio Entre Ríos Ahora, Sastre fue claro desde el inicio. “Acá hay una decisión muy clara de no darle continuidad a contratos que tenían vencimiento, contratos con una fecha determinada”. Y recordó algo elemental pero deliberadamente omitido en el debate público. “Todo el mundo sabía al firmar el contrato de que no era personal de planta permanente, sino que era gente que trabajaba por un tiempo cierto”.

No son despidos. Es el fin de contratos que sabían que terminaban

El primer gran engaño que se intenta instalar es hablar de despidos masivos. Sastre fue contundente al respecto. “De ninguna manera se ha afectado al personal de la planta permanente de la Municipalidad, que es el que verdaderamente tiene estabilidad laboral”. La frase no deja margen a interpretaciones forzadas.

También aclaró la situación de los monotributistas, otro punto usado para inflar el conflicto. “Ni siquiera tienen relación contractual con la Municipalidad, sino que, cuando se necesita su servicio, presentan una factura por ese servicio y se les abona”. Y agregó “eso hay que aclararlo, porque por ahí se habla de cuestiones que no son ciertas”.

La verdadera herencia. 900 ingresos entre gallos y medianoche

Para entender el fondo del problema hay que mirar lo que dejó la gestión anterior. Sastre lo explicó sin eufemismos. “Cuando asumió Francisco Azcué se encontró con que la gestión de Enrique Cresto había dejado cerca de 700 personas contratadas y cerca de 200 pases a planta”. Y remarcó “Azcué se encontró con 900 personas que, entre gallos y medianoche, habían ingresado al Municipio”.

Ese número explica por qué el ordenamiento era inevitable. No se trató de incorporaciones planificadas ni de necesidades reales del Estado. Fue una maniobra política de último momento, típica de un modelo que confunde gestión con militancia rentada.

Los servicios no se resienten. Lo que molesta es que se terminó el privilegio

Otro argumento repetido hasta el cansancio es que la ciudad se queda sin servicios. Sastre lo desmintió de manera directa. “La decisión que se ha tomado de ninguna manera resiente la prestación de los servicios que da la Municipalidad de Concordia”. Y fue más allá. “Lo que dicen los sindicatos no es cierto”.

Según explicó, si hubo afectación en los últimos días fue “por culpa del accionar de los dirigentes sindicales”, no por la medida adoptada por el Ejecutivo. La conclusión es clara. El problema no es la gestión. El problema es que se terminó un sistema que nadie quería tocar.

Le mintieron a la gente y ahora buscan responsables

El concejal también apuntó contra una práctica habitual del populismo local. Prometer lo que no se puede cumplir. “Sabían perfectamente lo que estaban haciendo y le mintieron a la gente”. Y agregó “seguramente a muchas de estas personas les prometieron que iban a entrar a la Municipalidad para toda la vida, y eso no era verdad”.

Ese engaño hoy se traduce en frustración, enojo y reclamos mal direccionados. Pero la responsabilidad no es de quien ordena, sino de quienes usaron el Estado para hacer política barata.

El dinero de los vecinos no es para sostener militantes

Sastre enmarcó la discusión en el modelo de ciudad que eligieron los concordienses. “La ciudad que los concordienses han votado en el 2023 requiere enfocar el gasto de los impuestos en insumos, equipamiento, mejorar el parque automotor, hacer bacheo, mejorar veredas, no en mantener militantes políticos”.

La frase resume una verdad incómoda para muchos. El Estado no está para garantizar sueldos a estructuras partidarias, sino para brindar servicios eficientes a quienes pagan impuestos.

Vinieron con la política. Se van con la política

En uno de los pasajes más filosos de la entrevista, Sastre fue directo al núcleo del conflicto. “La gente que conforma el universo que hoy se está quejando es gente que llegó por la política”. Y añadió “lo quieren disfrazar diciendo que trabajaban. Es lógico que trabajen. Esa discusión es patear la pelota para afuera”.

La definición no deja dudas. “Gente que entró por la política, se va con la política”. Y remató “esa gente no tiene un derecho adquirido”.

También aclaró que no existe una doble vara. “Así como nosotros no pretendemos que nadie de los que vino con nosotros se quede para siempre, no nos pueden imponer que le garanticemos la planta permanente a las novecientas personas que vinieron con esa gestión”.

Un cambio de época que también se expresa a nivel nacional

El ordenamiento que impulsa Francisco Azcué en Concordia no ocurre en el vacío. Se inscribe en un cambio de paradigma que también atraviesa a la Argentina con el gobierno de Javier Milei. El fin del Estado como botín político. El fin del empleo público como herramienta de disciplinamiento. El fin de la mentira estructural.

Mientras algunos gritan ajuste, otros entienden que sin orden no hay futuro. Concordia empieza a recorrer ese camino. Con costos políticos, con resistencia y con operaciones. Pero también con una convicción clara. El dinero de los vecinos se cuida. El Estado se ordena. Y el tiempo de los privilegios se terminó.