Por Araceli Durantini

En Concordia, agrupaciones de derechos humanos volverán a instalar un cartel que marca al antiguo centro de detención del régimen militar.
Lo que parece un acto local, en realidad refleja una discusión más profunda: la batalla cultural por el sentido del pasado reciente y por quién tiene autoridad moral para contarlo.

La memoria única: un relato que busca imponerse

Desde hace décadas, el Estado argentino y diversas organizaciones de derechos humanos impulsan una política de memoria que centra su narrativa en los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas durante el llamado “Proceso de Reorganización Nacional”.

Esta política ha sido cuestionada por promover una memoria única que invisibiliza otras dimensiones del conflicto, especialmente la violencia política previa ejercida por grupos guerrilleros como Montoneros y el ERP.

El caso de Concordia no escapa a esa lógica. La reinstalación del cartel que identifica un “sitio de memoria” en el Regimiento de Caballería 6 “Blandengues” es parte de un proceso que, bajo la bandera de los derechos humanos, tiende a fijar una versión oficial de la historia, una en la que sólo un sector es victimario y el otro, víctima absoluta.

Pero la historia argentina de los años 70 fue más compleja. Hubo terrorismo de Estado, sí, pero también terrorismo subversivo que dejó muertos, heridos y familias destruidas. El riesgo de una memoria parcial es que impide construir una mirada justa e integral del pasado.

Por una memoria completa: la teoría de los dos demonios y el debate reabierto

En los últimos meses, el tema volvió a ocupar el centro del debate nacional con la difusión de un video oficial que reivindica la llamada “Teoría de los dos demonios”, al calificar de “guerra” la represión ilegal ocurrida entre 1976 y 1983.

El documental cuestiona la cifra de 30.000 desaparecidos, que no surge de registros comprobables, reclama indemnizaciones para las víctimas del terrorismo guerrillero y plantea la necesidad de revisar las políticas de derechos humanos implementadas durante el kirchnerismo, que se concentraron casi exclusivamente en un solo tipo de víctimas.

En el video aparecen voces como la de María Fernanda Viola, hija del capitán Humberto Viola, asesinado por el ERP en Tucumán en 1974, y la de Luis Labraña, exintegrante de Montoneros que reconoció haber “inventado” la cifra simbólica de 30.000 desaparecidos.

El mensaje que acompañó la difusión del documental fue claro:
“Por una memoria completa para que haya verdad y justicia”, escribió el presidente Javier Milei al compartir el video, que culminaba con un llamado a la unidad de los argentinos en torno al Pacto de Mayo.

Esta visión no busca negar los crímenes cometidos durante el régimen militar, sino ampliar el foco para incluir también a las víctimas de la violencia subversiva.
La memoria completa, según este enfoque, es condición indispensable para alcanzar una reconciliación nacional auténtica.

Libertad de expresión vs imposición simbólica

La señalización de los llamados “sitios de memoria” suele ser presentada como un acto de justicia.
Pero también plantea interrogantes sobre los límites entre la libertad de expresión y la imposición simbólica.

Cuando sólo una narrativa ocupa el espacio público a través de carteles, monumentos o actos oficiales, el paisaje urbano se convierte en un campo de hegemonía cultural.

¿Dónde queda el derecho a disentir, a revisar, a debatir?
¿Puede hablarse de libertad si sólo una versión del pasado tiene legitimidad institucional?

La desaparición del cartel en Concordia, y su posterior reinstalación por parte de organizaciones de izquierda, es un ejemplo de esta disputa: un símbolo que desaparece, otro que reaparece, y una memoria que se usa como bandera política según quién gobierne.

La verdadera libertad de expresión implica permitir la pluralidad de relatos históricos, incluso aquellos que incomodan o cuestionan las versiones oficiales.
La memoria no debería ser una herramienta partidaria, sino un espacio de encuentro y reflexión.

Las pérdidas humanas del Ejército Argentino

Durante el enfrentamiento interno de los años 70, cientos de miembros de las fuerzas de seguridad y del Ejército Argentino fueron asesinados por organizaciones armadas antes del golpe de 1976.

Esas muertes, muchas veces olvidadas o ignoradas en los discursos oficiales, también forman parte de la tragedia nacional.
Recordarlas no significa justificar excesos ni violaciones a los derechos humanos, sino reconocer que la violencia tuvo más de una cara y que todas las víctimas merecen memoria y justicia.

La batalla cultural pendiente

La izquierda ha demostrado que puede conquistar espacios simbólicos e incluso “derechos” por insistencia, presencia y participación constante.
Instalan su relato en las aulas, en los medios, en las calles y en cada espacio donde haya una oportunidad para hacerlo.

Esa constancia es la que debemos asumir también desde el campo liberal y patriota, si queremos una batalla cultural real.

No se trata sólo de reaccionar, sino de proponer, enseñar y participar activamente: hablar con los jóvenes, con los vecinos que sólo conocen la historia contada desde el socialismo, y mostrarles la otra mitad del relato que fue silenciada durante décadas.

Defender la verdad y la justicia implica tener el coraje de incomodar, de poner en duda los dogmas y de recuperar la voz en los espacios donde la izquierda hace tiempo marca la agenda.

Solo con una memoria completa, plural y honesta, la Argentina podrá dejar atrás las heridas del pasado y construir un futuro verdaderamente libre.