Por Mäuss
La inseguridad se ha transformado en un problema estructural que afecta a todos los ciudadanos, desde familias que buscan vivir con tranquilidad hasta comerciantes y trabajadores que cumplen con sus obligaciones y ven sus esfuerzos amenazados diariamente por la reincidencia delictiva. Frente a esta realidad, la Diputada Provincial Carola Laner ha presentado un proyecto de Ley de Reiterancia que se erige como una herramienta indispensable para garantizar que quienes reinciden en delitos graves enfrenten sanciones proporcionales, reafirmando la igualdad ante la ley y asegurando que la justicia cumpla su función esencial: proteger a la sociedad.
El objetivo de la norma es claro: centrarse en quienes reinciden, demostrando desprecio sistemático por la ley y generando un riesgo evidente para la vida, la propiedad y la tranquilidad de los ciudadanos. La reincidencia delictiva no puede seguir siendo tolerada ni normalizada, especialmente cuando la impunidad ha sido un rasgo persistente de gobiernos que han priorizado intereses políticos por encima de la seguridad de la gente. La Ley de Reiterancia representa un cambio de rumbo necesario: el delito sistemático debe tener consecuencias, y quienes reinciden deben asumir el costo de sus actos.
La medida tiene un efecto preventivo fundamental. Cuando la sociedad percibe que reincidir implica sanciones concretas y severas, se genera un efecto disuasivo que ayuda a reducir la repetición de conductas delictivas. La seguridad no se limita a la ausencia de delitos: implica la certeza de que el Estado protege a la ciudadanía con firmeza y coherencia. Comerciantes, familias y trabajadores que cumplen con sus obligaciones no pueden seguir siendo víctimas de un sistema que permitió que la reincidencia quede impune durante años, generando un costo social enorme y erosionando la confianza en las instituciones.
Uno de los problemas más notorios que aborda esta ley es el uso de mecanismos legales que han permitido a ciertos individuos evadir sanciones a pesar de haber cometido delitos graves. Los juicios abreviados y otros atajos procesales se han convertido en herramientas que benefician a quienes cuentan con recursos o conexiones políticas, consolidando una cultura de impunidad. Casos recientes en la provincia muestran cómo funcionarios y allegados a ciertos sectores lograron eludir la justicia a través de estas prácticas, mientras los ciudadanos de a pie sufrían las consecuencias de la delincuencia cotidiana. La Ley de Reiterancia busca cerrar estos vacíos y garantizar que la reincidencia no pueda ser tolerada ni minimizada por intereses partidarios.
El valor simbólico de esta norma es igual de relevante que su alcance legal. Cada sanción aplicada a un reincidente envía un mensaje inequívoco: la impunidad no será tolerada y el Estado defiende a quienes cumplen con la ley. Esta medida demuestra que la justicia puede ser eficaz y que los delincuentes persistentes enfrentan consecuencias reales. La prevención y la sanción funcionan de manera complementaria, recuperando la confianza de los ciudadanos y demostrando que la protección de la sociedad es prioritaria.
La Ley de Reiterancia también es un desafío directo a la cultura de indulgencia que ha imperado durante décadas en el peronismo y gobiernos kirchneristas. Mientras algunos intentan justificar la reincidencia, minimizar la gravedad del delito o favorecer a los infractores mediante atajos legales, la aplicación rigurosa de esta norma reafirma que la seguridad es un derecho irrenunciable y que la protección de la ciudadanía no está sujeta a intereses políticos. Los ciudadanos no pueden seguir tolerando que la reincidencia sea normalizada ni que determinados grupos reciban privilegios por encima del bienestar común. Aplicar sanciones proporcionales a reincidentes envía un mensaje claro: la justicia es igual para todos y la impunidad no tiene cabida en una sociedad que aspira a vivir en orden y con respeto por la ley.
El impacto de la reincidencia delictiva trasciende lo inmediato y afecta profundamente la vida cotidiana de los ciudadanos. Cada acto de impunidad genera precedentes peligrosos, alentando a otros a considerar el delito como una opción viable y debilitando la autoridad del Estado. La Ley de Reiterancia busca revertir esta dinámica, asegurando que los reincidentes enfrenten consecuencias reales y contribuyendo a reconstruir la seguridad en barrios, comercios y espacios públicos. La prevención y la sanción son complementarias: la primera protege a la sociedad, la segunda garantiza que quienes delinquen comprendan que sus actos tienen un costo tangible.
Fortalecer el sistema judicial es otro de los objetivos centrales de la ley. La percepción de que ciertos delitos pueden quedar impunes o que la reincidencia no conlleva consecuencias significativas ha erosionado la confianza en las instituciones y generado frustración social. La aplicación rigurosa de esta norma corrige este desequilibrio, demostrando que el Estado actúa de manera decidida para proteger a los ciudadanos y que los reincidentes enfrentarán el peso de la ley sin importar su posición social o conexiones políticas.
Los beneficiarios indirectos de esta medida son todos los ciudadanos que cumplen con la ley y contribuyen al bienestar de la sociedad. Comerciantes, familias y trabajadores que respetan las normas no pueden ser sacrificados ante la permisividad del Estado ni frente a la indulgencia de gobiernos que favorecieron la impunidad. Cada reincidente sancionado representa un paso hacia una sociedad más segura y un mensaje inequívoco de que la ley se aplica sin excepciones ni privilegios.
En un contexto donde la sensación de impunidad se ha instalado en la vida cotidiana, la Ley de Reiterancia ofrece un camino concreto para recuperar la confianza en las instituciones y la seguridad en la vida diaria. Garantizar que la reincidencia se sancione de manera efectiva permite restaurar la autoridad del Estado y enviar un mensaje inequívoco a quienes desafían la ley: no habrá tolerancia. Esta medida demuestra que la justicia puede ser eficaz, que la seguridad es un derecho irrenunciable y que la reincidencia delictiva no será ignorada ni minimizada.
La ciudadanía exige decisiones firmes que protejan sus derechos y su seguridad. Cada día que se demora la implementación de sanciones proporcionadas es un día más de vulnerabilidad. La Ley de Reiterancia asegura que la justicia se cumpla, que los ciudadanos puedan transitar sin miedo y que quienes reinciden enfrenten consecuencias reales y efectivas. La norma es un compromiso con la seguridad, la justicia y la igualdad ante la ley, sin excepciones ni privilegios para quienes durante años fueron favorecidos por sectores políticos que priorizaron intereses partidarios sobre la seguridad de la gente.
Carola Laner ha demostrado con esta iniciativa su compromiso con la seguridad, la justicia y la defensa de los ciudadanos. Su proyecto es un ejemplo de coherencia, responsabilidad y visión de largo plazo, enviando un mensaje claro de que la reincidencia delictiva no será tolerada y que la protección de la sociedad es la máxima prioridad. Aplicar esta ley significa garantizar que la justicia cumpla su función, que la seguridad sea efectiva y que cada ciudadano pueda vivir con la certeza de que la ley se aplica con firmeza, imparcialidad y sin concesiones.
La Ley de Reiterancia marca un rumbo claro hacia un futuro donde la seguridad, la justicia y el respeto por la ley son pilares fundamentales de la convivencia social. Cada reincidente sancionado es un mensaje inequívoco: la impunidad no será tolerada y el Estado defiende a quienes cumplen con la ley. Implementar esta medida representa una oportunidad histórica para demostrar que la protección de la ciudadanía y la aplicación efectiva de la justicia pueden coexistir con políticas responsables, coherentes y alineadas con los principios de La Libertad Avanza y Milei, que promueven la seguridad y la libertad individual como ejes centrales de la vida en sociedad.
La reincidencia delictiva, la indulgencia histórica de ciertos sectores y los privilegios otorgados por gobiernos que favorecieron la impunidad no pueden seguir condicionando la vida de los ciudadanos. La Ley de Reiterancia es la respuesta contundente: la justicia se cumple, la seguridad se defiende y el respeto por la ley vuelve a ser el principio fundamental que sostiene la convivencia en sociedad. Cada sanción aplicada es una reafirmación de que quienes eligen delinquir enfrentarán consecuencias, sin excepciones ni privilegios, y que la ciudadanía puede confiar en que el Estado actúa con firmeza y decisión.
