Por Mäuss

Argentina parece atrapada en un loop eterno. Este miércoles, nuevamente, estudiantes universitarios y militantes opositores salieron a la calle con la excusa de defender la educación pública. Sin embargo, lo que se vio fue otra demostración de hipocresía política y de manipulación de datos frente a un gobierno que, por primera vez en mucho tiempo, está ordenando las cuentas y enfrentando los privilegios enquistados en las universidades.

Los manifestantes marcharon a pesar de que el presidente Javier Milei anunció que el presupuesto universitario para el año próximo aumentará en 4,8 billones de pesos. Pero la consigna no es la educación: es la política. La movilización se transformó en un acto partidario para pedir, lisa y llanamente, que Milei se vaya. Dicho en criollo: un intento golpista camuflado de reclamo estudiantil.

Los datos desnudan la realidad que el progresismo no quiere admitir. Solo el 10% de los ingresantes a la universidad pública son de clase baja y apenas el 0,3% de los graduados también provienen de ese sector. Es decir, la universidad “gratuita” no cumple el rol de ascensor social que tanto proclaman, sino que mayormente subsidia a las clases medias y acomodadas que pueden darse el lujo de pasar años en aulas sin trabajar.

La ineficiencia también es alarmante: la mitad de los estudiantes no aprueba más de una materia por año y el 74% no se recibe en tiempo y forma. Mientras tanto, se siguen financiando carreras sin salida laboral, diseñadas más para producir militantes que profesionales. ¿Y la “igualdad de oportunidades”? Brilla por su ausencia.

Pero el dato más escandaloso está en los sueldos de las autoridades. La mayoría de los rectores cobra entre 10 y 15 millones de pesos mensuales, más que el propio Presidente de la Nación. Hay incluso casos de rectores que superan los 18 millones de pesos. No es casual que esas mismas autoridades presionen para movilizar estudiantes y profesores: son las primeras interesadas en que el sistema siga siendo una caja millonaria sin control.

A esto se suma la manipulación política descarada. Profesores pasando lista en las marchas y poniendo ausente a quien no asiste, universidades como la UBA cerrando páginas web, ascensores y calderas para teatralizar una crisis, cuando en realidad el gobierno nacional atendió uno por uno todos los pedidos puntuales de refuerzo presupuestario. Desde cubrir aumentos en electricidad hasta reforzar gastos en seguridad, cada reclamo fue contemplado. Pero eso no aparece en los carteles ni en las consignas.

Y como si todo esto fuera poco, detrás de los estudiantes aparecieron los sospechosos de siempre: la CGT, los partidos de izquierda, el kirchnerismo y todo el tren fantasma de la oposición. Nadie reclama por la calidad educativa, todos reclaman por “que se vaya Milei”. Es el mismo manual de siempre: agitar las calles para desgastar a un gobierno que eligió la gente en las urnas.

La contradicción es evidente. Durante el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa se recortaron 70.000 millones de pesos en educación superior y nadie salió a la calle. Hoy, con Milei garantizando aumentos históricos en medio de la peor crisis heredada, aparecen las marchas multitudinarias. El doble estándar es tan burdo que solo puede explicarse como lo que realmente es: política pura y dura.

La educación pública no se defiende con paros, tomas y marchas golpistas. Se defiende con responsabilidad, transparencia y eficiencia. Milei no ajusta contra la educación, ajusta contra los privilegios. Y esa es la verdadera razón por la que los rectores millonarios, los burócratas sindicales y los militantes disfrazados de estudiantes están tan desesperados por llenar las calles.