Por Mäuss
Mientras el relato oficial insiste en presentar a la educación pública como bandera del progresismo, la realidad de los últimos años cuenta una historia muy distinta. Durante su paso por el Ministerio de Economía, el dirigente de Tigre ejecutó uno de los recortes más duros sobre el sistema educativo de las últimas décadas: más de 70.000 millones de pesos fueron recortados del presupuesto, y las universidades vieron congelados sus fondos sin posibilidad de actualización frente a la inflación. El resultado fue devastador para las casas de estudio, docentes y alumnos, pero lo más llamativo fue el silencio social. Nadie salió a marchar, no hubo protestas masivas, y la desidia terminó por convalidar la idea de que la educación podía seguir siendo moneda de ajuste.
Lejos de ser un accidente, este desfinanciamiento se transformó en una política sistemática. Las instituciones educativas quedaron atrapadas entre edificios deteriorados, laboratorios sin insumos, salarios que no cubren lo básico y proyectos de investigación frenados por falta de recursos. Lo que debería haber sido considerado una inversión estratégica para el futuro del país fue reducido a un simple renglón en una planilla de Excel. Paradójicamente, quienes desde el oficialismo se presentan como defensores de los más vulnerables aplicaron un ajuste que golpeó directo a quienes menos posibilidades tienen de acceder a una educación de calidad sin ayuda del Estado.
El kirchnerismo construyó un relato donde la universidad pública es presentada como orgullo nacional, pero los hechos muestran otra cara: congelamientos, subejecuciones y recortes sistemáticos. En paralelo, la casta política se asegura privilegios, viajes, asesores y cargos innecesarios, mientras se priva a los estudiantes de herramientas básicas para formarse. Esa es la verdadera grieta: la que separa a una clase dirigente que vive de espaldas a la realidad de la gente de un país que pide a gritos oportunidades.
Frente a este escenario, surge con fuerza una alternativa liberal que plantea un cambio de raíz. La propuesta de Javier Milei rompe con la lógica del parche y el relato vacío. Su mirada no es la de sostener un Estado gigante que ajusta donde nadie protesta, sino la de liberar recursos para que la educación pueda crecer desde la competencia, la innovación y el mérito. No se trata de discursos huecos, sino de un cambio de paradigma: pasar de un sistema clientelar, donde el presupuesto depende del capricho del ministro de turno, a un modelo que premie la excelencia y devuelva la libertad a estudiantes, docentes y familias.
La sociedad argentina debe hacerse una pregunta incómoda: ¿por qué toleró durante tanto tiempo este ajuste encubierto? Tal vez sea resignación, apatía o miedo a enfrentar una verdad dolorosa: el peronismo fracasó en lo que decía defender. La educación, lejos de ser un motor de movilidad social, fue usada como herramienta de propaganda mientras se la desfinanciaba en silencio. Romper con esa lógica es urgente, y para eso se necesita decisión política, convicción y una visión distinta a la del statu quo.
El futuro no se construye con planillas congeladas ni con discursos que niegan la realidad. El futuro se construye con inversión real, con exigencia de calidad y con libertad. Eso es lo que plantea Milei frente a un modelo agotado. El ajuste en la educación ya se hizo, y fue brutal; la diferencia es que lo aplicó el peronismo sin hacerse cargo. Hoy la ciudadanía tiene en sus manos la posibilidad de elegir un rumbo distinto, donde la mediocridad deje de ser norma y la educación vuelva a ser un camino de progreso y no un recuerdo de lo que alguna vez supimos ser.
