Por Araceli Durantini

La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a mostrar el verdadero rostro de una dirigencia universitaria más preocupada por hacer militancia política que por garantizar el derecho a estudiar de sus alumnos. Este viernes, en medio de la polémica por el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, la institución decidió bloquear el acceso a su portal oficial y reemplazarlo por un cartel negro con la leyenda “NO AL VETO”.

La medida, presentada como un gesto en defensa de la educación pública, terminó afectando directamente a miles de estudiantes que en plena época de parciales necesitan acceder a recursos académicos, al campus virtual y a información indispensable para continuar sus estudios.

Las autoridades de la UBA llevan años repitiendo que su misión es garantizar la igualdad de oportunidades y el derecho a la educación. Sin embargo, cuando se trata de enfrentar a un gobierno que no se alinea con su histórica visión estatista, no dudan en tomar de rehenes a los propios alumnos. La contradicción es evidente: quienes dicen defender derechos son los mismos que, con esta maniobra, impiden que miles de jóvenes puedan rendir, estudiar y avanzar en sus carreras. El discurso de la universidad se derrumba frente a la realidad de un bloqueo que dejó a los estudiantes indefensos.

Lo ocurrido refleja una realidad que no se puede seguir ocultando. Las universidades públicas se han convertido en trincheras de la militancia de izquierda, donde los dirigentes gremiales y las autoridades académicas se creen con derecho a paralizar la vida académica cuando el resultado político no les gusta. El veto de Milei no significa el cierre de las universidades ni la eliminación de fondos, sino un freno a la lógica corporativa de aumentar indefinidamente el gasto sin control. Frente a esa decisión, la UBA no eligió el camino del debate democrático ni la búsqueda de soluciones reales, sino la imposición autoritaria de un bloqueo que perjudica a quienes no tienen nada que ver con la disputa, los estudiantes.

La decisión de la UBA llega en el peor momento posible. Con mesas de examen, parciales y entregas de trabajos prácticos en curso, miles de jóvenes se encontraron con la sorpresa de que no podían ingresar a la plataforma institucional. Para muchos, significa retrasar evaluaciones clave, perder turnos y acumular complicaciones en un año académico ya marcado por la incertidumbre. No hay manera de justificar que una universidad utilice sus propias herramientas digitales como arma política. Menos aún cuando el costo lo pagan los alumnos, los verdaderos protagonistas de la educación pública.

El bloqueo de la UBA deja el mensaje nítido de que las autoridades priorizan la confrontación con el Gobierno antes que el derecho a estudiar. No se trata de defender la educación, sino de mantener privilegios y estructuras de poder que han hecho de la universidad un bastión de la militancia, financiado por todos los argentinos. La universidad que dice luchar por los estudiantes hoy les dio la espalda. La universidad que se llena la boca hablando de derechos decidió pisotearlos. Y la universidad que debería ser un espacio de conocimiento y libertad, eligió convertirse en una máquina de propaganda política.

El país necesita universidades modernas, transparentes y abiertas, no instituciones convertidas en barricadas ideológicas. El caso de la UBA es la prueba más contundente de que la reforma universitaria que la Argentina necesita no puede seguir esperando.