Por Federico Zorraquín
El intendente de Concordia les puso los puntos a los gremios, y la Justicia lo respaldó
En la Argentina, país donde los sindicatos son prácticamente una casta paralela al Estado, sucedió lo inesperado: un intendente joven, Francisco Azcué, se animó a ordenar la casa. Y lo hizo en Concordia, ciudad acostumbrada al apriete gremial y al “sindicalismo de sobremesa” que paraliza oficinas, corta calles y cobra sueldos de privilegio mientras el contribuyente sigue pagando la fiesta.
El decreto 679/2025 que firmó Azcué parecía, para muchos, un desafío imposible: limitar el caos gremial, reglamentar sus licencias y poner orden en las asambleas. Es decir, lo que cualquier municipio serio haría para que la administración pública funcione. Pero en la Argentina de los Moyano, los Yasky y compañía, eso equivale a declararle la guerra a una casta intocable.
La UOEMC, gremio de los municipales, corrió a la Justicia como quien busca a mamá después de que papá le dice que se acabó la joda. Presentaron un amparo para intentar tumbar el decreto. El resultado fue un cachetazo: el juez Gabriel Belén no solo declaró “inadmisible” la demanda, sino que además les impuso las costas del juicio. En criollo: perdieron y encima tienen que pagar.
El fallo es claro: el sindicato eligió mal el camino jurídico. No era amparo, era vía laboral. O sea, quisieron hacer un gol con la mano y el árbitro los mandó de vuelta al vestuario.
¿Qué regula el decreto?
El intendente no prohibió la actividad gremial, como salieron a llorar algunos. Solo la ordenó.
Los sindicatos deben avisar con tiempo las designaciones de delegados.
Las asambleas se hacen fuera del horario de atención al público (qué locura, ¿no? que los vecinos tengan derecho a ser atendidos).
Los delegados tienen un límite de 20 horas mensuales para actividad gremial (porque no, el sindicato no es un trabajo rentado).
Y si el delegado es contratado temporario, su cargo sindical muere cuando muere su contrato.
Nada fuera de lo razonable. Pero para el gremialismo criollo, que confunde derechos con privilegios, esto es un sacrilegio.
Azcué, lejos de retroceder, plantó bandera: el municipio no es el sindicato. No más asambleas eternas en horario laboral, no más licencias infinitas para militantes que cobran sin trabajar.
El PJ local y los gremios pusieron el grito en el cielo. Lógico: están acostumbrados a intendentes que gobiernan de rodillas. Esta vez, la política decidió gobernar de pie.
En definitiva, el fallo de Belén es mucho más que un tecnicismo jurídico: es el respaldo implícito a un intendente que se animó a domar a la bestia sindical en su ciudad.
Azcué 1 – Sindicalistas 0.
El contribuyente aplaude, los vecinos respiran, y el sindicalismo entiende que, por primera vez en mucho tiempo, alguien se animó a ponerle el cascabel al gato.
La pregunta es: ¿cuántos intendentes más se van a animar a seguir el ejemplo? Porque si algo demostró Concordia, es que se puede gobernar sin pedirle permiso a la casta sindical.
