Por Araceli Durantini
Un nuevo aumento en el precio de la nafta vuelve a encender el debate sobre el verdadero origen del problema. Esta semana, YPF aplicó el tercer ajuste en lo que va del mes, llevando la Súper a $1.390 por litro y la Infinia a $1.594, mientras que el diésel también registró incrementos.
Más allá de la cifra puntual, el combustible no es caro por el mercado, sino por el Estado. Durante décadas, gobiernos intervencionistas manipularon el precio de la nafta artificialmente para “cuidar el bolsillo” en épocas electorales, dejando a las petroleras sin margen para invertir y generando atraso tarifario. Ese congelamiento siempre termina igual: cuando se libera el precio, el salto es brutal. La historia se repite; prometer energía barata a cambio de votos y luego hacer pagar la cuenta a todos los argentinos vía impuestos, inflación o falta de inversión.
Hoy, llenar el tanque no es caro por la nafta en sí, sino porque casi un tercio del precio son impuestos. El Gobierno postergó parte de la suba del ICL y el IDC para septiembre, pero igualmente aplicó un aumento parcial este mes. El Estado sigue siendo socio mayoritario de cada litro vendido, sin importar si manejás un utilitario para trabajar o un auto de lujo. En lugar de bajar la carga fiscal para aliviar a productores, transportistas y consumidores, se mantiene la estructura impositiva como una aspiradora de recursos.
La suba del tipo de cambio empuja los precios automáticamente, ya que buena parte del costo se basa en valores internacionales del crudo. Pero esto también es consecuencia de un peso debilitado por déficit fiscal, emisión y gasto público excesivo. Cuando un país destruye su moneda, todo lo que depende del dólar se vuelve prohibitivo.
YPF implementó un sistema de “micropricing” que ajusta tarifas según hora, lugar y demanda. Lejos de ser un capricho, es una estrategia para sobrevivir en un entorno de costos crecientes, impuestos sofocantes y reglas que cambian todo el tiempo. Esto no es codicia empresarial, es la lógica reacción de un negocio que funciona en una economía asfixiada.
Mientras el Estado siga siendo un socio parásito que grava la producción, distorsiona el mercado y castiga al que invierte, la historia se repetirá en aumentos constantes, inflación crónica y pérdida de poder adquisitivo. La solución no es culpar a YPF, sino bajar impuestos, garantizar reglas estables y dejar que la oferta y demanda definan el valor real de los combustibles. De lo contrario, seguiremos pagando caro por algo que podría costar mucho menos… si el Estado se corriera del surtidor.
A lo anterior, se suma una tensión mayor, hoy rige una orden judicial en EE.UU. que amenaza con obligar al Estado argentino a entregar el 51 % de YPF como parte de una indemnización de USD 16.100 millones por la expropiación de 2012. La decisión fue dictada por la jueza Loretta Preska y el gobierno ya apeló. Si el fallo queda firme podría ejecutarse en cuestión de semanas, poniendo en jaque no solo la soberanía energética, sino la capacidad de usar YPF como herramienta de estabilización económica.
Además, aunque el presidente Javier Milei había anunciado la privatización de YPF, esa idea fue frenada, la petrolera quedó fuera del listado de empresas a privatizar en la llamada “Ley Ómnibus”, como concesión al Congreso para asegurar la aprobación de otras disposiciones. Esta decisión revela que, en la práctica, aquello que se dice desde lo ideológico muchas veces debe doblegarse ante realidades políticas e institucionales.
Jurídica y políticamente, el fallo de EE.UU. acelera el riesgo de perder el control sobre una empresa estratégica si no se logra avanzar en una reacomodación fiscal y política sustentable. YPF está en el centro sin una estructura de propiedad sólida y sin alivio impositivo, se transforma en una víctima más del modelo económico expansivo del Estado.
