Por Araceli Durantini

El presidente Javier Milei promulgó el Decreto 534/2025, mediante el cual vetó de forma total tres leyes sancionadas por el Congreso el 10 de julio: un aumento del 7,2 % en jubilaciones acompañado de un bono extraordinario, la prórroga de la moratoria previsional por dos años y la declaración de emergencia en materia de discapacidad.

El Ejecutivo justificó estas decisiones argumentando que las normas implicaban un impacto fiscal insostenible, sin fuentes de financiamiento claras, lo cual ponía en riesgo el equilibrio presupuestario y atentaba contra las metas de estabilidad económica. El Fondo Monetario Internacional advirtió que estas medidas podrían representar hasta un 0,9 % del PIB en 2025 y 1,68 % en 2026.
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Este no es el primer caso en que el tradicional recurso del veto fue aplicado para frenar iniciativas previsionales. Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, en 2010, se vetó una ley que establecía el 82 % móvil para la jubilación mínima, argumentando que su aplicación implicaría la “quiebra del Estado” y del sistema previsional.

En ambos casos (el de Milei y el de Cristina Kirchner), el gobierno recurrió al veto bajo el argumento de inviabilidad financiera y falta de sustento presupuestario, revelando una recurrente tensión entre las propuestas legislativas del Congreso y los límites fiscales definidos desde el Poder Ejecutivo.

¿Qué es el veto presidencial y para qué sirve?
En Argentina, el veto presidencial es una facultad que la Constitución Nacional otorga al Poder Ejecutivo (artículo 83) para rechazar total o parcialmente una ley sancionada por el Congreso.

Evita la promulgación de leyes que, a criterio del Ejecutivo, sean inconstitucionales, financieramente inviables o contrarias a la política de gobierno.

Funcionamiento:

Sanción del Congreso: El proyecto aprobado por ambas cámaras se envía al Presidente.

Evaluación presidencial: El Ejecutivo puede firmar y promulgar, o vetar total o parcialmente.

Veto total o parcial:

Total: Rechaza toda la ley.

Parcial: Rechaza solo artículos específicos.

Revisión legislativa: El Congreso puede insistir y anular el veto con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.

Este mecanismo permite equilibrar la iniciativa legislativa con la responsabilidad fiscal, evitando que el Congreso imponga normas sin respaldo presupuestario, pero manteniendo la posibilidad de revertir la decisión si hay consenso amplio.

Una de las principales causas de la presión sobre las cuentas previsionales son los regímenes especiales, que otorgan beneficios anticipados, montos superiores al promedio o condiciones menos exigentes de aportes. Aunque fueron creados para sectores con condiciones laborales particulares como jueces, diplomáticos o trabajadores de alto riesgo, en la práctica se han expandido a nichos políticos, sindicales y profesionales que absorben cerca de la mitad del gasto previsional.

Cada peso que se destina a sostener jubilaciones privilegiadas es un peso menos para mejorar las mínimas. El déficit previsional obliga al Estado a financiarse con impuestos más altos o deuda, lo que en el largo plazo afecta a toda la economía y, en especial, a los jubilados que dependen exclusivamente de la mínima para subsistir.

El resultado es un círculo vicioso, si se amplían beneficios sin financiamiento, la inflación o el ajuste posterior terminan licuando el poder adquisitivo de todos, afectando justamente a quienes se pretendía ayudar.

Es innegable que los jubilados merecen una vida digna, ingresos que acompañen el costo real de la vida, y el reconocimiento al esfuerzo de décadas de trabajo. Pero aprobar medidas sin respaldo financiero sólido es pan para hoy y hambre para mañana.

Mediante el veto, el Gobierno no castiga ni abandona a los jubilados; ejerce un acto de prudencia fiscal, evitando comprometer el presente y el futuro del país. No se trata de odios ni indiferencias, es un uso responsable del esfuerzo colectivo que tantos argentinos han hecho, y en el que muchos jubilados confían.

El veto bien aplicado no es un freno a la justicia social, sino una pausa necesaria para protegerla, asegurando que cuando se den mejoras, sean duraderas y reales, y no promesas que se deshacen con la próxima crisis.