Por Araceli Durantini
Durante décadas, se repitió en la Argentina una idea convertida en dogma: que la justicia social es exclusiva del pensamiento de izquierda y que la derecha, por definición, es insensible, elitista y ajena a las necesidades del pueblo. Sin embargo, una revisión desapasionada de la historia nacional ofrece otra perspectiva, una menos difundida en las aulas y en los medios militantes: la de una derecha que no nació para excluir, sino para ordenar y construir.
Desde sus orígenes, el pensamiento de derecha en la Argentina estuvo asociado con el orden institucional, el progreso económico y la modernización del país. Durante la presidencia de Julio Argentino Roca, por ejemplo, se sentaron las bases del Estado moderno, se consolidó la educación pública obligatoria y se posicionó al país como una potencia agroexportadora.
¿Fue un gobierno perfecto? No. Pero sus logros estructurales aún sostienen parte de la arquitectura institucional de la Nación.
En los años 30, el conservadurismo argentino (hoy recordado casi exclusivamente por el fraude electoral) impulsó también desarrollos industriales, leyes laborales pioneras y grandes obras públicas. Todo ello en un contexto internacional marcado por crisis económicas y tensiones geopolíticas.
Ya en democracia, gobiernos de orientación liberal o de centroderecha, como el de Arturo Frondizi, o incluso ciertas políticas del primer gobierno de Carlos Menem, promovieron la apertura económica, la atracción de inversiones y la construcción de infraestructura moderna. La creación de rutas, puertos, represas y redes de telecomunicaciones no fue casual: respondía a una visión desarrollista, en la que el progreso no era un eslogan, sino una política concreta.
Contrario al estigma instalado, la derecha no niega la pobreza. Lo que cuestiona es el asistencialismo eterno como mecanismo estructural. Defiende una idea de justicia social basada en la igualdad de oportunidades, no en la igualación forzada.
Mientras la izquierda ha apostado históricamente a expandir estructuras estatales y subsidios clientelares, la derecha ha promovido liberar las fuerzas productivas, generar empleo genuino, reducir la burocracia y premiar el mérito individual. Una economía funcional (no un sistema de dádivas) es, según esta visión, la herramienta más efectiva para garantizar el bienestar de todos.
En la actualidad, bajo la presidencia de Javier Milei, esta tradición de pensamiento liberal y de derecha adquiere una forma renovada. Disruptiva, pero firme en su convicción de que no puede haber justicia social sin estabilidad económica, sin moneda fuerte, sin un Estado eficiente y sin reglas claras para todos.
Lejos de destruir el Estado, el actual gobierno plantea reconstruirlo sobre bases transparentes, sin privilegios políticos ni estructuras parasitarias. Porque, como advierten desde ese espacio, no hay justicia más cruel que la de un Estado que promete derechos pero destruye salarios con inflación, cobra impuestos asfixiantes y ofrece servicios colapsados.
La derecha en la Argentina no representa el odio al pobre. Propone, en cambio, respetar su dignidad. Esto implica defender su derecho a superarse, a salir del asistencialismo crónico, a no quedar atado a punteros políticos ni depender del favor del Estado. A dejar de ser una estadística en un relato ideológico.
Finalmente, esta visión propone una política menos emocional y más racional. No se trata de fanatismos ni de elegir bandos eternos, sino de evaluar resultados. De dejar atrás etiquetas, mitos y eslóganes vacíos. La verdadera madurez democrática comienza cuando se deja de odiar por diferencias ideológicas y se empieza a juzgar a la política por lo que realmente construye, no por lo que dice defender.
